Evolución histórica

   En general, se ha relacionado a la pobreza con niveles bajos de ingresos económicos y se mide a través de la renta de las personas o los hogares. No existe un criterio universal o absoluto, se trata de un criterio relativo teniendo en cuenta cuándo y dónde se realiza la medición, dependiendo del nivel medio de ingresos y el territorio donde se lleva a cabo.

   A pesar de ello, se han ido elaborando otras formas de medir la pobreza y sus dimensiones que ha cambiado a lo largo del tiempo. Los ingresos es un factor importante, sin embargo han aparecido otros mecanismos de segregación social como el acceso a la información, la escolarización, la vivienda o el empleo. Ante la reconsideración de los modelos del estado de Bienestar, es necesario destacar los nuevos desequilibrios que continúan emergiendo en la sociedad, como es el caso de la marginación política, social, económica y laboral que afectan a ciertos colectivos cada vez más significativos de la población.

   El crecimiento de nuevas formas de desigualdad como es el caso de las irregularidades administrativas de los extranjeros en España, que puedan sufrir explotaciones laborales. La irregularidad de los derechos y libertades básicas de las personas sea cual sea su origen o nacionalidad o muchos otros como la precariedad laboral, los déficits de formación, la falta de vivienda digna o de acceso a la misma, las precarias condiciones de salud, la falta de relaciones sociales estables y solidarias, la ruptura de lazos y vínculos familiares, etc.

   Las grandes cambios que se han llevado a cabo y continúan actualmente en las sociedades contemporáneas en el ámbito productivo, social, y familiar ha dado lugar a transformaciones en muchos colectivos que han creado sus pausas de defensa, ayuda y desarrollo en la sociedad.

   La crisis del estado de bienestar y los efectos  de la globalización económica han ido conduciendo a la desprotección de capas sociales cada vez más amplias. A esta falta de crecimiento de la cobertura pública ante las nuevas situaciones de desigualdad, hay que añadir además la creciente precariedad en el ámbito de lo laboral, y también los efectos de la liberalización del mercado de la vivienda que ocasiona, situaciones de agravamiento en las condiciones de vida y de desarrollo de los menos favorecidos.

   Los cambios que se han producido en el sistema económico y social en España, se hallan en la base de los nuevos procesos de exclusión social. Se destacan los siguientes:

   La llamada fragmentación de la sociedad en una serie de puntos clave que hacen de la nueva realidad un cuerpo social mucho más complejo y diverso. Junto a la creciente diversidad étnica y cultural derivada de las migraciones, las respuestas políticas que se han ofrecido no han logrado afrontar con éxito la situación jurídica o administrativa de muchas de estas personas. También es necesario considerar el envejecimiento progresivo de la población, con la dependencia económica y sanitaria que conlleva y el creciente pluralismo en las formas de convivencia familiar, ya que ello contribuye de forma muy clara a la emergencia de nuevos grupos sociales con dificultades variables de inclusión social plena.

   Por otra parte, el impacto de la nueva economía postindustrial sobre el mercado de trabajo ha desencadenado la transición hacia un modelo más basado en la información y el conocimiento, que en la producción mercantil. Para muchos sectores de la población, este cambio económico hacia un modelo de capitalismo menos regulado y más capaz de aprovechar las ventajas de una economía globalizada ha generado la aparición de nuevos grupos sociales que sufren directamente las consecuencias más negativas de todo ello. Se trata de colectivos como el de los jóvenes que ven cómo las trayectorias lineales y rápidas hacia el empleo industrial asalariado y estable, han dado paso a la emergencia de un abanico de trayectorias de inserción muy complejo, precario y cada vez más fugaz en el tiempo.

   Para terminar,  la flexibilidad en los procesos de producción que tiene lugar en el marco de esta nueva economía de la información, ha originado la aparición de un empleo nuevo, pero de menor calidad y más precario, mientras se asiste a la destrucción de una parte importante de empleo estable, mediante la desregulación laboral de muchos sectores que han visto deteriorar sus condiciones laborales y sus parámetros tradicionales de protección social. Este conjunto de cambios en las esferas productivas y laborales, se relacionan con la aparición de nuevos espacios de exclusión y vulnerabilidad social que no afectan exclusivamente a los jóvenes y a las mujeres, sino también, dentro del conjunto de la población, a quienes poseen mayores cargas familiares.

  Estas situaciones pueden verse reforzadas por el significativo déficit de las políticas públicas que se habían ido implantando en décadas anteriores en toda Europa, y más tarde en España, y por las dificultades para responder a todo ello desde la iniciativa social. Por la experiencia acumulada que vivió Europa occidental en la segunda mitad del siglo XX y las políticas sociales que se fueron desarrollando en esa época, que el estado y su acción u omisión fue operando como un factor clave a la hora de matizar los efectos de la desigualdad. De esta forma, podríamos afirmar que las acciones puestas en marcha o emprendidas en los últimos años en Europa y en España en particular, no han sido del todo satisfactorias para lograr detener el incremento de las fracturas de ciudadanía,  ya sea por la relativa escasez de medios empleada o por la falta de integralidad de esas políticas para abordar los fenómenos a los que se enfrentaban. Se ha desarrollado de esta forma por la dificultad de las políticas de bienestar más tradicionales para tratar de dar respuesta a fenómenos de nuevo corte. Como por ejemplo las pensiones no contributivas vinculadas a la viudedad o el seguro obligatorio de vejez, que la mayoría de veces no alcanzan ni siquiera los límites considerados en la definición del umbral de pobreza.

   La cobertura social que ofrece la administración pública no es suficiente, en muchos casos, para evitar las situaciones de pobreza económica. Es posible observar la retirada o fracaso de las políticas clásicas de bienestar en campos como el de la vivienda, donde la presencia pública es muy débil y no alcanza a regular o compensar la deriva de un mercado inmobiliario y del suelo que se ha liberalizado completamente en pocos años.


Gráfico España

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